Cuatro países que aplican la pena de muerte a los corruptos

Hay países que penalizan con los castigos mas severos los delitos de corrupción y mas cuando estos hayan afectado la salud pública y provocado muertes de ciudadanos.

China, Singapur, Indonesia y Corea del Norte, son algunas de las naciones que no toleran que los funcionarios toquen el sagrado dinero público, por lo tanto han establecido en sus legislaciones las penas mas severas para el delito de corrupción, aplicando en muchos casos la pena máxima a los infractores.

En China, la pena capital se aplica a las personas que cometan crímenes económicos, como lavado de dinero, falsificación, fraude, soborno, robo agravado y estafa a los fondos gubernamentales.

Es de señalar que China es considerado el mayor ejecutor del mundo, pues aunque el gobierno no da información sobre el número de ejecutados, que clasifica como secreto de Estado, se sabe que miles de personas mueren cada año por orden judicial en el gigante asiático.

Los que reciben la pena capital son ejecutados mediante el fisilamiento, la horca o la inyección letal.

Singapur, por su parte castiga con pena de muerte a los que con sus actos de corrupción hayan ocasionado la muerte de otras personas. Son especialmente graves los delitos que tengan que ver con el robo de los fondos destinados a hospitales y escuelas públicas, así como la apropiación de ayudas alimenticias para los pobres.

Indonesia establece en su legislación que pueden ser castigados con la pena capital aquellos que cometan delitos económicos con alto detrimento para el Estado.

En el país, 14 delitos están castigados con la pena capital, entre ellos, el asesinato premeditado, la corrupción, los actos de terrorismo y violaciones de derechos humanos como el genocidio y los crímenes contra la humanidad.

Además, los culpables por crímenes y violencia sexual a menores en muchos casos son sometidos a la castración química.

Mientras tanto, en Corea del Norte, uno de los países mas herméticos del mundo, pueden ser ejecutados aquellos que cometan crímenes contra el Estado o el pueblo norcoreano, entre ellos el asesinato, robo al Estado, actos de terrorismo, traición, entre otros.

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