Wilson Center: «dominio de Hernández se ha expandido a un alcance que solo rivaliza con los dictadores anteriores del país»

Un estudio sobre los países del Triángulo Norte del prestigioso Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos, con sede en Washington, publicado el pasado mes de diciembre, indica que el gobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha adquirido tal control sobre las instituciones de Honduras, que incluso puede comparársele con los déspotas tiranos que gobernaron con puño de hierro el país en la oscura época de las dictaduras militares.

Según la valoración del Wilson Center, las consecuencias del dominio del Partido Nacional han sido nefastas para el país, provocando una sería crisis de institucionalidad, aumento de la desigualdad y la pobreza, elevados niveles de delincuencia y éxodo masivo de ciudadanos hacia el exterior.

Parte del informe dice lo siguiente:

A poco mas de una década desde el golpe de Estado del 2009 que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, del Partido Liberal, Honduras aún tiene que superar el consiguiente debilitamiento de las instituciones y polarización extrema en el ámbito político que han dejado al país en una crisis omnipresente de gobernabilidad.

Luego del golpe contra Zelaya, el Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió no impulsar su regreso al país y en su lugar trató de asegurar un proceso justo en las próximas elecciones.

Esa decisión, y la renuencia del Departamento de Estado a utilizar la palabra «golpe», han afectado las relaciones entre Estados Unidos y Honduras desde entonces, lo que ha llevado a crear sospechas y probablemente ha provocado un efecto perjudicial en los esfuerzos respaldados por Estados Unidos en el país.

Un boicot generalizado de las elecciones posteriores realizadas en noviembre del 2009 y la división del Partido Liberal, que llevó a la creación del Partido LIBRE de Zelaya, marcaron el final de aproximadamente un siglo de bipartidismo.

Como resultado el gobernante Partido Nacional ganó un nivel de control sobre las instituciones del Estado no visto desde que el país regresó a la democracia en 1982. Tal dominio, con el actual presidente Juan Orlando Hernández (2014-presente), se ha expandido a un alcance que solo rivaliza con los dictadores anteriores del país.

Esto ha resultado en un período de estancamiento social y económico, altas tasas de delincuencia y homicidio, y aumento de la migración hacia el exterior.

Esto es cierto a pesar de la expansión del sistema de bienestar social, particularmente bajo el mandato de Hernández, quien según los críticos ha adoptado prácticas clientelistas, con recursos del gobierno, los cuales tienen poco o ningún efecto sobre los indicadores de pobreza a largo plazo.

Con escasas oportunidades económicas y una falta histórica de movilidad estructural, un número creciente de hondureños se han visto obligados a buscar oportunidades en el extranjero.

En consecuencia, las remesas se han multiplicado en los últimos años, aumentando al equivalente de más del 20 por ciento del producto Interno Bruto(PIB) en 2019.

Las remesas han estimulado una economía por demás mediocre y han ayudado a compensar el costo prohibitivamente alto de la canasta básica de bienes de consumo, que, en relación con el salario promedio en Honduras, se encuentra entre los más altos de toda América Latina.

Mas allá de las consideraciones económicas y de salud, muchos continúan huyendo debido a la actual crisis de seguridad. Aunque la tasa nacional de homicidios se redujo aproximadamente a la mitad después de su pico en 2011, la tasa aumentó en 2019, de 41,4 a 43,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, por primera vez en ocho años, y el país sigue siendo uno de los más violentos del mundo.

No hay evidencia que apoye la idea de que han disminuido otras formas de violencia, como la extorsión, uno de los principales factores de empuje citados por los migrantes que se dirigen hacia el norte.

Las teorías divergentes sobre por qué disminuyó la tasa de homicidios dificultan la atribución de responsabilidad y así evaluar la eficacia de los programas de prevención de la violencia. Analistas y académicos sugieren que probablemente una serie de factores contribuyeron.

El hecho de que la disminución de los homicidios fue un fenómeno regional sugiere que hay fuerzas externas involucradas.

Una purga de la policía nacional -un esfuerzo apoyado por la asistencia extranjera de Estados Unidos- condujo a una Policía mas profesional, lo cual podría haber reducido la tasa de homicidios, en parte al despedir a muchos oficiales que estaban cometiendo asesinatos ellos mismos.

El acuerdo de extradición entre Honduras y Estados Unidos, firmado en 2013 bajo una fuerte presión diplomática del Departamento de Estado, ciertamente hizo que el país fuera más hostil a los narcotraficantes y les exigió mantener un perfil más bajo.

Las tensiones sociales y políticas en Honduras se exacerbaron por la polémica decisión de Hernández de postularse para la reelección en 2017. La reelección presidencial está explícitamente prohibida en la Constitución de Honduras.

Hernández, sin embargo, utilizó un dudoso fallo de una Corte Suprema repleta de aliados que decían que la prohibición era una violación de los derechos humanos, para allanar su camino hacia otro mandato.

Dada la cuestionable legalidad que rodeó la reelección de Hernández en noviembre de 2017, la crisis política que siguió era predecible. Una serie de irregularidades, incluyendo inexplicables pausas prolongadas en la transmisión de resultados, condujeron a acusaciones generalizadas de fraude.

Los disturbios subsiguientes engendraron una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que incluyeron al menos dieciséis ejecuciones extrajudiciales, según las Naciones Unidas.

Los observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) declararon que los resultados no podían ser validados, y el secretario general de la organización, Luis Almagro, pidió que se realizara una nueva elección.

Sin embargo, menos de una semana después, el gobierno de Estados Unidos reconoció la victoria de Hernández, lo que llevó a otras naciones a hacer lo mismo, y a Almagro a abandonar su queja.

La falta de denuncia de las irregularidades generalizadas por parte del gobierno estadounidense y los asesinatos que siguieron, así como el posterior reconocimiento de Hernández como el vencedor, dañaron aún más la reputación de EE.UU. en Honduras.

Un año después, el hermano del presidente, el exlegislador Tony Hernández, fue procesado por narcotráfico y cargos de armas por parte de los fiscales federales de los Estados Unidos.

Como resultado se reveló que el presidente Hernández ha sido investigado por tráfico de drogas por la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA) desde 2013, y fue nombrado coconspirador no acusado en el caso de narcotráfico de su hermano, junto con otros funcionarios del Partido Nacional, incluido el expresidente Porfirio Lobo (2010-14), cuyo hijo fue acusado de tráfico de drogas por fiscales estadounidenses en 2017.

Durante el juicio del hermano de Hernández , los fiscales expusieron lo que describieron como tráfico masivo de drogas que dependía en gran medida de las conexiones políticas y el poder del presidente Hernández, a quien los fiscales acusaron de recibir millones de dólares en sobornos de los traficantes de drogas.

El presidente Hernández permanece fuera del alcance de la justicia, por ahora, porque el Departamento de Justicia no busca, como regla general, acusaciones de presidentes extranjeros mientras estén en funciones. Esta situación podría cambiar, sin embargo, después de que el actual mandato de Hernández expire en enero de 2022.

Descargue el informe completo aquí: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/US%20Foreign%20Aid%20Central%20America.pdf

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