ONG´S: El instrumento de saqueo de las arcas del Estado hondureño.

Una investigación de la cadena Univisión reveló que para 2010, las organizaciones de la sociedad civil ya habían detectado flagrantes irregularidades en la gestión del llamado “fondo departamental”. Carreteras, escuelas y otros proyectos para los que los diputados asignaron fondos nunca se completaron.

Poco después, el congreso –en aquel momento encabezado por Juan Orlando Hernández–, modificó las reglas del fondo, dándoles a los diputados más discreción con respecto a los proyectos que eligieran financiar.

Como resultado, el dinero pasó de apoyar proyectos de infraestructura a iniciativas locales más pequeñas, como fumigaciones, talleres, útiles escolares y paquetes de alimentos, proyectos que no dejan huellas una vez que se ejecutan o se consumen y, por lo tanto, son más difíciles de verificar. Comenzaron a aparecer de la nada las organizaciones sin fines de lucro que recibían inmediatamente fondos del gobierno, según los documentos obtenidos por Univision. Las organizaciones sin fines de lucro fueron establecidas por quienes los investigadores han denominado “acopiadores”, que acumularon vastas redes de ellas, según documentos y personas familiarizadas con sus operaciones.

Como pago por sus servicios, los acopiadores recibían un porcentaje de los fondos, según las tres acusaciones de la MACCIH contra los políticos.

Una de las redes que esta investigación descubrió, consta de 24 organizaciones sin fines de lucro que recibieron al menos 23 millones de dólares en fondos públicos y están vinculadas a un trío de acopiadores.

En medio se encuentra un hombre llamado Geovanny Castellanos, quien ha sido acusado por su papel en la malversación de fondos mediante dos de esas organizaciones. Pero el alcance de su red era mucho mayor, según documentos judiciales y declaraciones de testigos. Castellanos y sus coconspiradores adquirían organizaciones sin fines de lucro ociosas, fundaban otras nuevas o colaboraban con activistas políticos para gestionar otras, según muestran los documentos.

Castellanos se declaró inocente y se está defendiendo enérgicamente contra las acusaciones en el tribunal.

Se pudo establecer vínculos entre Castellanos y al menos 22 de las 24 organizaciones de la red, según los Reportes de Operaciones Sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Las organizaciones sin fines de lucro involucradas en la trama recibieron fondos para proyectos que a menudo tenían poco o nada que ver con sus misiones declaradas. Las organizaciones dedicadas al desarrollo juvenil proporcionaron servicios de fumigación. Otra, cuya misión era proporcionar sillas de ruedas a los discapacitados, también recibió fondos para construir ataúdes para los pobres.

Un comunicado de Univisión manifiesta que intentó visitar las oficinas de muchas de estas organizaciones, pero no encontró ni rastro de ellas. Otras se alojaban en pequeñas oficinas que eran sede de numerosas organizaciones. En una, un hombre que admitió haber administrado al menos seis organizaciones sin fines de lucro junto con su esposa negó cualquier delito y dijo que sus intenciones eran caritativas.

“El dinero sale del erario para una ONG, para hacer una obra o prestar un servicio comunitario”, dijo Luiz Marrey, exjefe de la MACCIH, refiriéndose a los casos involucrados en la red de Castellanos. “La ONG lo deposita en las cuentas de los diputados o de otras personas para su utilización personal. Algunas veces para la actividad política, otras veces para el bolsillo, pero la gravedad es la misma”.

Las acusaciones que involucran a las organizaciones sin fines de lucro muestran que del 80% al 90% de los fondos que recibieron se depositaron más tarde en las cuentas personales de 15 diputados o miembros de sus familias y luego se utilizaron para pagar préstamos, tarjetas de crédito y otros gastos personales.

La investigación de Univision reveló que las actividades de la red de 24 organizaciones sin fines de lucro dieron lugar al menos a 16 Reportes de Operaciones Sospechosas por parte de la Comisión Bancaria, incluyendo seis durante la campaña de 2013. Las actas del Congreso y los registros judiciales muestran que al menos 49 diputados solicitaron fondos del gobierno para estas sospechosas organizaciones sin fines de lucro.

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