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Fondos de caso Hermes no podían salir de Casa Presidencial sin aprobación de JOH, según documento judicial

En el pasado mes de febrero la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), dirigida por el fiscal Luis Javier Santos, presentó un caso de corrupción denominado “Hermes”, en el cual se logró demostrar que fondos públicos fueron sustraídos de Casa Presidencial a través de una empresa de maletín.

La empresa fachada, denominada Servicios e Inversiones AID, fue montada por Hilda Hernández, hermana del mandatario Juan Orlando Hernández y quien ocupaba el cargo de Ministra de Comunicaciones y Estrategia.

Casa Presidencial pagó mas de 122 millones de lempiras a la empresa Servicios e Inversiones AID por supuestos contratos de publicidad pero realmente el dinero fue desviado y utilizado para intereses personales de los involucrados .

Los fondos se usaron, en su mayoría, para pago de cantidades que oscilaron entre 15,000.00 y L100.000.00 mensuales a 77 periodistas. También fueron utilizados para compra de vehículos, un terreno cultivado de palma, pago de planillas al Club Deportivo Vida, renta de vehículos blindados.

También se desviaron fondos para pagos a empresas propiedad de Hilda Hernández y los demás involucrados, entre estas Inversiones Santa Elvira, Constructora C2, Transportes Tita y Caribbean Fruit Export.

Contratos necesitaban visto bueno del presidente de la República…

Conforme a las investigaciones, a inicios del 2014, Hilda Rosario Hernández Alvarado, en su condición de Ministra de Comunicaciones y Estrategia, solicitó a Pedro Alexander Pineda Díaz , en su condición de Ministro de Gestión Financiera, procediera a la contratación de la empresa Servicios e Inversiones AID. Se suscribieron 29 contratos de manera directa y sistemática hasta el mes de diciembre del 2016, entre Casa Presidencial y la referida empresa.

El documento de la investigación indica que 77 periodistas de diferentes medios de comunicación radial y televisiva fueron beneficiados con los fondos, a través de cheques depositados en sus cuentas, “sin existir ningún vinculo con la empresa
Servicios e Inversiones AID, solo por el simple hecho de una promesa verbal realizada por Hilda Rosario Hernández Alvarado, a fin de que emitieran opiniones favorables a favor del presidente de la República”.

Mediante un análisis en detalle se comprobó que los pagos se empezaron a realizar de manera sistemática, una vez que tomó posesión, en su primer periodo, como presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández Alvarado.

El documento judicial establece que “Pedro Alexander Pineda Diaz, de acuerdo a la forma como se desarrolló la conducta criminal, no actuó sólo, debió haber recibido instrucciones o al menos tener el visto bueno de su superior, el presidente de la Republica”.

Fragmento del documento Caso Hermes

“Además, es factible esta vinculación, en virtud que, al final, (el presidente) fue el beneficiario de los servicios contratados”, prosigue el escrito.

“El acuerdo Ejecutivo 013-2014, establece que los contratos que firmara el Secretario de Estado de Administración y Gestión Financiera en aplicación de las facultades que se le habían delegado, debía ” … contar previo a su suscripción con el Visto Bueno del Presidente Constitucional y tramitarse de conformidad con las Leyes respectivas.”

Fragmento del documento caso Hermes

Además, mediante disposiciones presupuestarias contenidas en el artículo 2095 del Decreto Legislativo No.360-2013: artículo 2136 del Decreto Legislativo
No.140-2014 y artículo 2117 del Decreto Legislativo No.16B-2015, se centralizó la
contratación de Publicidad y Propaganda en el Presupuesto de la Presidencia de la
República.

Fragmento del documento Caso Hermes

La presidencia de la República es la única autorizada para ejecutar y ampliar ese renglón presupuestario. En caso que se requieran estos servicios por parte de las
instituciones, estas deberán presentar la solicitud correspondiente ante el presidente de la República.

Cabe decir que el mandatario Hernández fue interrogado por este caso. El gobernante en su declaración manifestó desconocer todo el proceso administrativo, el cual fue delegado en al Ministro de Gestión Financiera, Pedro Alexander Pineda Diaz.