Ebal Díaz y Ricardo Cardona tienen responsabilidad penal por usurpar funciones del Congreso Nacional para aprobar ZEDEs

Un grupo de expertos contratados por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada(COHEP) para realizar un análisis jurídico de las ZEDEs concluyeron que dichos proyectos son ilegales, pues fueron aprobados mediante un procedimiento viciado de nulidad.

Un hecho grave es que el Comité de Adopción de Mejores Prácticas(CAMP), órgano encargado de supervisar la creación y administración de las ZEDEs, usurpó funciones del Congreso Nacional para aprobar los tres proyectos que ya están siendo construidos: PROSPERA, Ciudad Morazán y San Marcos de Colón.

Cabe decir que entre las 21 personas que conforman el CAMP, las cuales fueron designadas por Juan Orlando Hernández, se encuentran dos actuales funcionarios: el ministro de la Presidencia Ebal Jair Díaz Lupián y Ricardo Leonel Cardona López, secretario privado y jefe del Gabinete Presidencial.

Según el análisis jurídico encargado por el COHEP, estos funcionarios incurrieron en responsabilidad penal, pues cometieron los delitos de abuso de autoridad y prevaricato administrativo.

“El artículo 321 de la Constitución establece que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley, todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad civil, administrativa y penal

Análisis jurídico del COHEP

Miembros del CAMP:

  • Kakha Bendukidze
  • Morton Blackwell
  • Alejandro Chafuen
  • Lars Seiers Christensen
  •  Alex Cramber
  • Ebal Jair Díaz Lupián
  • Enrique Ghersi
  • Barbara Kolm
  • Mark Klugmann
  • Ricardo Rodolfo Maduro Joest
  • Grover Norquist
  • Octavio Rubén Sánchez Barrientos
  • Surse Pierpoint
  • Richard Rahn
  • Michael Reagan
  • Mark Skousen
  • Loren Smith
  • Ricardo Leonel Cardona López
  • Gabriela Von Habsburg
  • Salem Ben Nasser Alismaily
  • Faith Ryan Whittlesey

El análisis jurídico dice lo siguiente:

La creación de una zona sujeta a un régimen especial es atribución exclusiva del Congreso Nacional, por mayoría calificada, previo plebiscito aprobatorio por las dos terceras partes, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución.

De lo anterior, resulta evidente que el único que puede crear Zonas de Empleo y DesarrolloEconómico (ZEDE) es el Congreso Nacional de la República, siendo una atribución exclusiva de este Poder del Estado, situación jurídica que se reafirma en el párrafo séptimo a establecer: “El Congreso Nacional al aprobar la creación de zonas sujetas a regímenes especiales…”.

De lo anterior, no queda ninguna duda que el único que puede aprobar la creación de las ZEDE es el Congreso Nacional de la República.

Sin embargo en la práctica, la disposición antes mencionada no se ha cumplido con las ZEDE que han sido aprobadas (PROSPERA, Ciudad Morazán y San Marcos de Colón), habiendo sido reconocidas las mencionadas ZEDE únicamente por el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), constituyendo esta acción administrativa una flagrante usurpación de las atribuciones del Congreso Nacional de la República, mismas que de conformidad al artículo 206 de la Constitución de la República son indelegables.

De igual forma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la ZEDE, establece:
“Corresponde al Congreso Nacional la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) mediante decreto, cumpliendo con las reglas siguientes: “Cuando la zona a ser declarada sea de baja densidad poblacional, se debe de contar con el dictamen del Instituto Nacional de Estadística (INE), certificando dicha situación de conformidad con lo
establecido en el artículo 329 de la Constitución de la República; y, Cuando la Zona a ser declarada se ubique en un área de alta densidad poblacional, previo a su creación se deberá realizar un Plebiscito en el área en que se ubique la zona, pudiendo decretarse su creación únicamente si el resultado de la consulta es favorable de conformidad al Artículo 5 de la
Constitución de la República.”

Mencionado lo anterior concluímos, que el no cumplimiento de los requisitos
constitucionales para la creación de las ZEDE conlleva un riesgo alto para el Estado de Honduras y ser objeto del pago de indemnizaciones por la autorización de procesos administrativos celebrados fuera del marco de la legalidad, ya que este acto se encuentra viciado de nulidad, por haber sido emitido por un órgano (CAMP) absolutamente incompetente; por haber sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en la Constitución, y, por que éste acto disminuye, restringe o tergiversa los derechos y garantías reconocidos por la Constitución de la República.

Conforme al artículo 321 de la Constitución, el cual establece que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley, todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad civil, administrativa y penal a quienes autorizaron el funcionamiento de las ZEDE hasta la fecha, pudiendo ser objeto de denuncias por abuso de autoridad e incurriendo en el delito de prevaricato administrativo.

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