Policía Militar mató al menos a 13 hondureños en 2017 señala informe del Congreso de EE.UU

Un reciente informe elaborado por el Servicio de Investigaciones del Congreso de EE.UU. (CRS) señala que la Policía Militar creada por Juan Orlando Hernández cuando era presidente del Congreso Nacional estuvo implicada en al menos 13 asesinatos de civiles en las protestas luego de las elecciones del 2017.

El documento también describe los vínculos del mandatario de Honduras con el narcotráfico y el uso de dinero ilícito en sus campañas políticas de los años 2013 y 2017.

A continuación parte del documento:

Honduras lucha con altos niveles de delincuencia y violencia. Varios factores interrelacionados parecen contribuir a la precaria situación de seguridad. Pobreza generalizada, familias fragmentadas y la falta de oportunidades de educación y empleo deja a muchos jóvenes hondureños susceptibles a reclutamiento por bandas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

Estas organizaciones participan en el tráfico de drogas y la extorsión, entre otras actividades delictivas, y parecen ser responsables de una parte sustancial de los homicidios y gran parte del crimen que afecta a los ciudadanos en su día a día.

Honduras también sirve como un importante corredor de tráfico de drogas como resultado de su ubicación entre países productores de cocaína en América del Sur y el principal mercado consumidor de los Estados Unidos.

Organizaciones de tráfico de drogas fuertemente armadas y bien financiadas han tratado de asegurar el control del territorio hondureño combatiendo entre sí y con afiliados locales y tratando de intimidar e infiltrarse en las instituciones hondureñas.

Muchos de estos grupos tienen estrechos vínculos con la política y élites económicas que dependen de las finanzas ilícitas para financiar sus campañas electorales y mantener o aumentar la participación de mercado de sus negocios.

En octubre de 2019, por ejemplo, un tribunal federal de EE. UU. condenó a Antonio “Tony” Hernández, excongresista y hermano del presidente Hernández, por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han descrito al presidente Hernández como co-conspirador pero, hasta la fecha, no han presentado cargos contra él.

Las fuerzas de seguridad hondureñas y las instituciones del sector judicial han carecido históricamente de personal, equipo y entrenamiento necesarios para responder a amenazas criminales. También han luchado con corrupción sistémica, con algunos sectores trabajando en nombre de organizaciones criminales o intereses privados.

El presidente Hernández hizo campaña basado en una plataforma de seguridad de línea dura, prometiendo repetidamente hacer lo que fuera necesario para reducir el crimen y la violencia en Honduras. Al asumir el cargo en 2014, ordenó inmediatamente a las fuerzas de seguridad que salieran a las calles para realizar patrullajes intensivos en barrios de alta criminalidad.

Entre las unidades involucradas en los patrullajes hubieron dos fuerzas híbridas que Hernández ayudó a establecer mientras se desempeñaba como presidente del congreso hondureño: la Policía Militar de Orden Público (PMOP), que está bajo el control del Ministerio de Defensa, y una unidad de policía con entrenamiento militar conocida como los “Tigres” (Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad, TIGRES).

La PMOP ha sido implicada en numerosos abusos contra los derechos humanos, incluidos 13 de los 16 homicidios documentados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos después de las elecciones presidenciales del 2017. Los defensores de los derechos humanos han pedido repetidamente a la administración Hernández retirar a las fuerzas armadas de las actividades de aplicación de la ley a nivel nacional.

Informe completo aquí: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL34027

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