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Enemigos públicos: proyecto del Senado va mucho mas allá de JOH y sus vínculos con el narcotráfico

Los motivos que llevaron a 8 influyentes Senadores demócratas a presentar el “Proyecto de Ley sobre los Derechos Humanos y Anti-Corrupción de 2021, van mucho más allá de los señalamientos de narcotráfico contra el gobernante Juan Orlando Hernández, pues el documento de la ley señala un grave problema estructural de corrupción generalizada que involucra al Congreso Nacional, Poder Ejecutivo, Fuerzas del orden, operadores de justicia y empresa privada.

El proyecto de ley señala que desde el golpe de estado militar en 2009, la República de Honduras sigue estando plagada de corrupción sistémica y violaciones de los derechos humanos.

El documento dice que este fracaso del Estado hondureño se debe a una colusión generalizada entre funcionarios del gobierno, fuerzas de seguridad estatales y privadas, crimen organizado y miembros del sector privado, incluyendo el conocimiento y perpetración de amenazas físicas y legales, asesinatos, desapariciones forzadas y otros abusos en contra de defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, miembros de la oposición política, periodistas y otros.

Entre los abusos de todos estos actores corruptos se enumeran: “el uso excesivo de la fuerza por miembros de la policía o fuerzas militares de la República de Honduras, particularmente en el contexto de protestas de la sociedad civil; el fracaso del Gobierno de Honduras al proteger los derechos, intereses y seguridad física de los pueblos indígenas en conflictos sobre tierra y recursos naturales, en contravención de sus obligaciones bajo la constitución de Honduras y tratados internacionales en los cuales es parte como estado”.

Además, “el fracaso del Gobierno de Honduras en hacer cumplir el Código Laboral, en violación de sus obligaciones bajo los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por el Gobierno de Honduras, garantizando el derecho de asociación, el derecho a la negociación colectiva, y otras protecciones laborales fundamentales”.

Los senadores también mencionan que “existe evidencia substancial de que el Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández ha participado en un patrón de actividad criminal y uso de las instituciones del Estado para proteger y facilitar el tráfico de drogas, como se ejemplifica en tres casos de corrupción y narcotráfico de alto perfil que fueron procesados o están en proceso de juicio en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos, en los cuales el Presidente de Honduras fue nombrado como cómplice/co-autor”.

Además se denuncia que “el Presidente de Honduras ha mostrado un historial de desprecio por el Estado de Derecho, exhibido por su apoyo por el golpe de estado militar en 2009, cuando él fue miembro del Congreso; su apoyo en 2012 a una medida del Congreso, ampliamente considerada ilegal, para remplazar cuatro magistrados de la Corte Suprema; su candidatura para un segundo término presidencial en violación de una larga tradición de prohibición en la constitución de Honduras sobre la reelección presidencial”.

También se menciona que en meses recientes, las ramas ejecutivas y legislativas del Gobierno de Honduras han tomado pasos significativos para afianzar la corrupción, bloquear la supervisión por parte de fiscales nacionales e investigadores internacionales, y eximir a altos funcionarios y parlamentarios de responsabilidad penal, incluyendo las siguientes acciones:

  • El 19 de enero, 2020, el Gobierno de Honduras anunció la clausura de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el mecanismo anticorrupción establecido en 2015 por la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de Honduras.
  • El 25 de junio, 2020, el Gobierno de Honduras promulgó un nuevo código penal que redujo las penas de prisión por crímenes relacionados con la corrupción, incluyendo malversación, enriquecimiento ilícito, obstrucción de la justicia y fraude. La medida es retroactiva, beneficiando oficiales hondureños que han sido condenados o están en proceso de juicio.
  • El 16 de octubre, 2019, el Congreso Nacional de Honduras aprobó una ley que restauró la inmunidad a todos los parlamentarios, por crímenes relacionados con actividades legislativas, y una ley que impidió a la oficina del Fiscal General investigar casos relacionados con el uso indebido de fondos estatales por un plazo de siete años.
  • Estas medidas recientes siguen un patrón más largo de decretos emitidos por el Congreso, de amnistía o inmunidad por crímenes perpetuados por autoridades en Honduras, incluyendo crímenes cometidos durante el golpe de estado de 2009 y el periodo posterior, crímenes cometidos por fuerzas de seguridad estatales, y crímenes relacionados con el uso indebido de fondos públicos por parte de legisladores actuales y ex –legisladores, contribuyendo a un clima de impunidad.
  • El espacio para operar de la sociedad civil en la República de Honduras permanece severamente restringido, con defensores de derechos y periodistas sujetos a graves niveles de violencia, vigilancia, hostigamiento e intimidación. La República de Honduras es el país con la mayor tasa de asesinatos en el mundo, per cápita, para defensores de derechos humanos y del medio ambiente, y el tercero en número de asesinatos en general con 31 defensores asesinados en 2019 y 204 defensores asesinados desde 2009.

En escrito también menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos en sus Informes sobre los Derechos Humanos, así como organismos internacionales de Derechos Humanos y numerosos grupos de monitoreo han reportado que la policía y fuerzas militares de Honduras cometen violaciones de Derechos Humanos con impunidad, incluyendo asesinatos extrajudiciales, tortura, y uso innecesario de la fuerza y armamento letal en contra de protestantes y personas alrededor de las protestas.

Por otro lado, individuos con antecedentes documentados de haber cometido violaciones de Derechos Humanos y con vínculos al narcotráfico siguen en posiciones de alto rango dentro de la policía y fuerzas militares de Honduras, y pocos de los casos alegados de abusos de Derechos Humanos perpetrados por personal de la policía y fuerzas militares son procesados o enjuiciados en corte.

“La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos han documentado el uso de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y procedimientos judiciales especiosos para criminalizar activistas indígenas, de Derechos Humanos y derechos del Medio Ambiente, periodistas, la oposición política y otros”, dice el documento del proyecto de ley.

Entre los abusos y violaciones a Derechos humanos se mencionan los siguientes:

  • El abuso contra miembros del Comité Municipal de Tocoa por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, quienes están detenidos desde Septiembre de 2019 esperando juicio, después de su protesta en contra de una concesión minera ilegal que afectó los ríos Guapinol y San Pedro.
  • Cuatro Afro-indígenas, defensores del territorio Garífuna, quienes fueron secuestrados de sus hogares el 18 de Julio de 2020, y según reportes fueron obligados a punta de armas a subir a vehículos sin placas, por hombres armados con uniformes de la policía, sin orden judicial y quienes siguen desaparecidos forzosamente.
  • La legisladora de la oposición política, María Luisa Borjas, quien el 21 de Julio del 2020, fue condenada por difamación y sentenciada a casi tres años de prisión por haber nombrado al presidente del banco Ficohsa, Camilo Atala, como autor intelectual del asesinato de la activista de derechos indígenas y ambientales, Berta Cáceres en 2016.
  • La denigración y criminalización de actores de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos por las autoridades hondureñas han continuado sin cesar, bajo el pretexto del combate a la pandemia.
  • El 16 de Marzo de 2020, el Gobierno de Honduras notificó a la Organización de los Estados Americanos de la suspensión del cumplimiento de sus obligaciones adquiridas en la Convención Americana de Derechos Humanos, y suspendió nueve garantías constitucionales, incluyendo los derechos a la libertad de reunión y expresión; este último fue restaurado después del clamor internacional.
  • Por lo menos 34,000 ciudadanos han sido detenidos por violar el toque de queda y restricciones de la cuarentena nacional, y periodistas y defensores de derechos humanos han sido impedidos en sus esfuerzos de reportar y documentar abusos de Derechos Humanos durante la pandemia.