EE.UU. revela que JOH contrató abogados en nombre del gobierno de Honduras para tratar de interferir en juicio de Tony Hernández

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó este martes 16 de marzo el memorando de sentencia en el caso de Juan Antonio Tony Hernández, donde solicitan al juez Kevin Castel aplicar una sentencia de cadena perpetua contra el acusado, así como obligarlo a la devolución 138.5 millones de dólares y aplicarle una multa de 10 millones de dólares.

Se espera que la sentencia sea leída el martes 23 de marzo a las 2:00 p.m. tras haber sido reprogramada por al menos nueve veces desde el 18 de octubre de 2019 cuando Hernández fue declarado culpable.

En el amplio documento de mas de 60 páginas los fiscales detallan que Tony Hernández ha mentido en reiteradas ocasiones a la justicia norteamericana y que el gobierno de Honduras, liderado por Juan Orlando Hernández, contrató a una firma de abogados para tratar de interferir y obtener información del caso.

Según el informe de la Fiscalía, en septiembre del 2019 el gobierno de la República de Honduras envió a un bufete de abogados “para presionar al equipo de la fiscalía tras las revelaciones públicas sobre las pruebas del juicio, después de que el Gobierno(de EE.UU) presentara sus mociones “in limine” en agosto de 2019″.

La firma de abogados, denominada como “Firm-1” en los documentos reveló en la presentación ante el Departamento de Justicia que su trabajo consistía en realizar “actividades políticas en nombre de [la República de Honduras], incluyendo hacer contacto con funcionarios estadounidenses en relación con la debida diligencia para el financiamiento en el mercado internacional, incluyendo todo lo relacionado con la asistencia económica y técnica estadounidense a Honduras, y asuntos que afectan las relaciones entre Estados Unidos y Honduras”.

Los abogados de “Firm-1” establecieron una llamada con el equipo de la Fiscalía en la cual detallaron que no representaban al acusado. Los abogados describieron, sin embargo, lo que consideraban “consecuencias colaterales” relacionadas con el caso de Tony Hernández, incluyendo referencias a asuntos migratorios no relacionados y posibles cierres de bases militares estadounidenses en Honduras.

Los abogados también afirmaron que un testigo experto del Gobierno de los Estados Unidos estaba sesgado, y que algunas de las pruebas de la Fiscalía no tenían mucho valor probatorio en relación con las consecuencias colaterales negativas que los abogados identificaron.

Los abogados también hicieron referencia a sus contactos con el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y le dijeron al equipo de la fiscalía que planeaban ponerse en contacto con otras partes del gobierno estadounidense con respecto a sus preocupaciones sobre este caso.

No obstante el equipo de la fiscalía aclara que no proporcionó información a los abogados de “Firm-1” y sus esfuerzo no alteraron la presentación en el juicio de Tony Hernández de ninguna manera.

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