Congreso de EE.UU. señala a JOH de “facilitar el uso de personal de las FFAA a los traficantes que transportan cocaína por el país”

El primero de diciembre del 2020, el representante Eliot L. Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dio a conocer el informe final de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental por mandato del Congreso de EE.UU.

El informe que se transmitió al Congreso brinda recomendaciones críticas que ayudarán a los legisladores estadounidenses a mejorar la política de drogas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

En el extenso documento de 117 páginas, en la sección titulada Prevención de la Violencia y Reformas Policiales en el Triángulo Norte de Centroamérica, el Congreso de EE.UU. señala que, según fiscales estadounidenses, Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, facilitó personal de las Fuerzas Armadas a traficantes de drogas de la región.

“Se han gastado miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses en esfuerzos contra el narcotráfico en América Latina y el Caribe, pero los resultados han sido escasos. El informe de la Comisión de Políticas de Drogas del Hemisferio Occidental es un soplo de aire fresco, y espero que sirva como modelo para la Administración Biden-Harris y el próximo Congreso mientras trabajan para encaminar nuestras políticas antinarcóticos por un camino mucho mejor”.

Representante Eliot L. Engel

El informe dice lo siguiente:

Honduras es el país del triángulo norte donde la reforma policial ha demostrado ser más problemática. Es vacilante. Los esfuerzos para fortalecer la policía reflejan problemas más profundos: los grupos de narcotraficantes son extremadamente poderosos en el país, que es un importante corredor de tránsito para la cocaína que viaja desde el sur.

Honduras, el más pobre de los tres países del triángulo norte, es también el menos estable. El pais sufrió un golpe de Estado en 2009 y unas disputadas elecciones presidenciales en 2017. Durante los últimos 20 años, Honduras ha realizado al menos tres intentos de erradicar la corrupción en la Policía Nacional.

Una dirección semiautónoma emprendió la depuración de la Policía Nacional de 2012 a 2015, en base a verificación de antecedentes y evaluaciones. Los Estados Unidos retiró fondos de la dirección en 2013 por falta de progreso: después de evaluar más de 8.500 policías, solo eliminó a 227 oficiales de bajo rango.

Honduras lanzó un nuevo esfuerzo en 2016 tras las denuncias de que altos oficiales de la policía participaron en el asesinato en 2009 del zar antidrogas del país. Una comisión independiente con la participación de la sociedad civil ha eliminado a unos 4.600 oficiales de la fuerza de seguridad, de 13.500 miembros, ya sea
expulsándolos o alentándolos a la jubilación voluntaria. El mandato de la comisión ha sido
extendido hasta 2021.

Los críticos dicen que la comisión debería ser más transparente, acusándola de dejar a algunos corruptos u oficiales abusivos en su lugar mientras despiden injustamente a otros. También ha enfrentado resistencia interna dentro de la policía y otras agencias estatales, comprometiendo la cantidad y calidad de la información utilizada para sus evaluaciones.

Si bien la Comisión remitió más de 400 casos a los
fiscales para la investigación de actividades ilícitas, solo unos pocos han llegado a juicio. Estados Unidos y otros donantes también están trabajando para profesionalizar la policía de Honduras, estableciendo una nueva academia de policía con un plan de estudios revisado y la extensión del curso básico de tres a 11 meses.

Una decisión muy controvertida de Estados Unidos fue apoyar la creación de una fuerza policial militarizada al estilo SWAT, conocida como los Tigres. El gobierno de Juan Orlando Hernández sigue dependiendo del ejército para funciones de vigilancia, no sólo para controlar el crimen sino también para reprimir las protestas.

Hernández ganó por poco la reelección en un proceso muy marcado por irregularidades, hasta el punto que los observadores de la OEA se negaron a respaldar los resultados. Al menos 22 civiles y un policía murieron durante las manifestaciones posteriores a las votaciones según la ONU, que acusó a la policía militar de utilizar “fuerza excesiva e incluso letal para controlar y dispersar a los manifestantes” .

El gobierno tiene un historial lamentable en materia de corrupción. Los Fiscales de una unidad especial anticorrupción acusaron a decenas de funcionarios de desviar millones de dólares del dinero público para financiar sus campañas políticas, incluída la del presidente.

Es poco probable que el caso llegue a juicio: en enero de 2020, el gobierno de Hernández disolvió la MACCIH, la misión anticorrupción respaldada por la OEA.

La corrupción tiene un impacto directo en los esfuerzos antinarcóticos de Estados Unidos. Una serie de detenciones han vinculado a funcionarios hondureños de alto rango y sus familias a los narcotraficantes, incluido el hijo de un expresidente y el hermano del actual presidente, quienes están cumpliendo condena en Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de drogas.

Los fiscales estadounidenses han vinculado al propio presidente con el tráfico de drogas. Una acusación estadounidense en Nueva York acusa a Hernández de tomar dinero “para facilitar el uso de personal de seguridad de las Fuerzas Armadas hondureñas” a los traficantes que transportan cocaína por el país.

2 comentarios

  1. Un “presidente auto electo” y de remate involucrado directamente en el narcotráfico no debería gozar de ningún tipo de consideración de parte de estados unidos, ya que de seguir en la presidencia volverá a postularse y mediante fraude volver a ganar gozando de esas consideraciones que lo mantiene alejado de las cárceles.

  2. Para mi manera de ver las cosas Juan orlando Hernández ya debería de estar pagando todo lo que ah hecho en mi Honduras bella pagando todos sus crímenes con el pueblo este señor a dañado el país a parte es un narcotraficante que espera estados Unidos para detenerlo..

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