Wilson Center revela enorme abuso de los recursos públicos en beneficio del Partido Nacional.

Investigaciones Sucesos

En un reciente informe de 49 páginas, Wilson Center, con sede en Washington, expone la corrupción institucional desmedida y generalizada de la administración de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional en el poder.

El documento se titula: “Cuando la corrupción financia el sistema político: un estudio del caso de Honduras”, y en el cual se exploran los cuatro tipos más destacados de corrupción en Honduras: malversación de fondos de desarrollo social, corrupción de adquisiciones, corrupción del crimen organizado y abusos de patrocinio en la burocracia. 

En la sección «Abusos Relacionados con Patrocinio y Recursos Humanos» , se revela una amplia trama de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional para desviar recursos del Estado a las arcas del Partido Nacional a través de deducciones de patrocinio hechas a empleados públicos.

Se estima que el Partido Nacional ha sido beneficiado con cientos de millones de lempiras de las arcas públicas a través de deducciones por concepto de patrocinio realizadas a miles de empleados públicos a lo largo de varios años, lo cual se asemeja a un «impuesto de guerra» pagado obligatoriamente.

Hay varias formas en las que se abusa de la contratación y la gestión de recursos humanos en
Honduras. Para empezar, Honduras tiene un problema histórico de fraude de nómina y pago a
trabajadores fantasma (o paracaidistas), definidos como trabajadores que cobran un salario
sin prestar servicios. Una encuesta de seguimiento del gasto público de 2000 estimó que 5 por ciento de los maestros y el 8,3 por ciento de los médicos generales eran trabajadores fantasmas. Un estudio de 2010 sugirió que el problema había aumentado aún más, y en 2016,
el gobierno informó que había 20.000 trabajadores fantasma en nómina.

Ante un gran déficit fiscal y la presión del FMI, la administración Hernández hizo de la reducción de la nómina general del gobierno una prioridad máxima. Con apoyo del Banco Mundial, en 2014 y 2015, la administración creó una plataforma de nómina centralizada vinculada con la plataforma financiera y purgó una gran cantidad de trabajadores fantasmas de la nómina. A pesar de este avance, hay indicios de que el problema continúa.

Los abusos relacionados con los recursos humanos también ocurren a través de nombramientos de patrocinio en la burocracia. Desde la legislación de 1967, Honduras ha tenido un sistema de servicio civil destinado a limitar la influencia política sobre la burocracia y mantener la seguridad laboral en las administraciones. Sin embargo, las administraciones hondureñas han trabajado para incrementar su discreción sobre contratación y promociones.

Como parte de su esfuerzo por abordar el déficit fiscal, el gobierno de Hernández emitió un decreto en 2014 congelando la contratación permanente. Aunque fiscalmente prudente, la administración utilizó esto para su ventaja política. La contratación todavía se realizaba por contrato y todas las contrataciones debían ser aprobadas por Reinaldo Sánchez Rivera, el ministro responsable de la gestión de la oficina de la presidencia, un designado político que se convertiría en presidente de la Partido Nacional.

Entrevistas sugieren que este filtro aseguró que solo los miembros leales del partido recibieran trabajos del gobierno.

Por ejemplo, Asociación para una Sociedad mas Justa(ASJ) encontró que en el ministerio de salud, ninguno de las contrataciones examinadas entre 2014 y 2017 se realizaron a través de un proceso abierto basado en méritos, y encontró evidencia de influencia partidista.

Una encuesta a empleados públicos encontró que
el patrocinio representa otro mecanismo a través del cual las partes obtienen fondos. Muchos de
los empleados públicos hacen donaciones al partido en el poder, automáticamente deducidas de su cheque de pago. El carácter común de esta práctica varía considerablemente según la agencia gubernamental y estado contractual.

En la agencia de obras públicas, el 90 por ciento de los encuestados informó de donaciones automáticas en sus cheques de pago al partido titular.

En la secretaría de educación, la práctica fue mucho menos común, ya que solo el 10 por ciento de los maestros informaron pago; sin embargo, era bastante común entre personal administrativo, el 37 por ciento de los cuales informó contribución de campaña y pagos variados según el tipo de empleo.

Los trabajadores subcontratados deben pagar un incentivo mucho mayor, ya que es más probable que los nombramientos de estas personas conlleve patrocinio. En el secretaría de salud, por ejemplo, más del 40 por ciento de los empleados contratados pagan la cuota, en comparación con solo 10 por ciento de los empleados permanentes.

Aunque el patrocinio y las deducciones de nómina no cumplen con las definiciones estrictas de corrupción, representan claramente un abuso de los recursos públicos en beneficio de los partidos políticos.

Puede descargar el informe completo aquí: https://www.wilsoncenter.org/publication/when-corruption-funds-political-system-case-study-honduras

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