Wilson Center: «el Congreso es el problema central de la corrupción en Honduras»

Investigaciones Sucesos

El Wilson Center, con sede en Washington, en un reciente informe devela la gigantesca corrupción institucional en Honduras, impulsada por el Ejecutivo de Juan Orlando Hernández y el Legislativo de Mauricio Oliva.

El estudio de 49 páginas, en la sección llamada: «Responsabilidad horizontal: el Congreso como parte del problema» , detalla todos los esfuerzos que los diputados del Congreso Nacional han dedicado para favorecer la corrupción y la impunidad a través de las leyes impulsadas sobre todo por la bancada nacionalista.

Según el informe del Wilson Center «el Congreso es el problema central de la corrupción en Honduras.»

El estudio dice lo siguiente:

En teoría, el Congreso ofrece una ruta potencial para la rendición de cuentas a través de comités de supervición, control presupuestario y acción legislativa. El Congreso de Honduras aprobó el convenio de creación de la MACCIH, y en los primeros días, el Congreso trabajó con la comisión para aprobar una importante legislación de reformas anticorrupción, incluida la aprobación de la legislación sobre financiación de campañas.

Sin embargo, una vez que las investigaciones de la MACCIH y la UFECIC produjeron acusaciones contra ex miembros de la legislatura, el organismo cambió de rumbo y aprobó leyes para proteger a sus miembros. Esto socavó fundamentalmente el breve experimento del país en la lucha contra la corrupción.

Tras la presentación de cargos por parte de la MACCIH-UFECIC contra cinco miembros del Congreso en el Caso «Red de Diputados» a fines de 2017, el Congreso introdujo en la ley de presupuesto anual, un agregado que reformaba una pequeña parte de la ley de presupuesto y asignaba la responsabilidad de tales investigaciones al Tribunal Superior de Cuentas(TSC).

Además, la reforma publicada oficialmente fue diferente de lo que los miembros del Congreso habían votado realmente, y el lenguaje agregado especificó que no podría ocurrir ninguna investigación criminal mientras el TSC estuviera investigando.

Esto esencialmente subordinó un procedimiento penal a uno administrativo. Terminó abruptamente el caso judicial y dio lugar a la liberación de los acusados.

Dado que los casos ya estaban progresando en los tribunales y las severas limitaciones del TSC, es difícil ver la reforma legal como algo más que un esfuerzo para proteger a los miembros del Congreso de la justicia.

Más de un año después, en enero de 2019, la Corte Suprema de Justicia falló en contra del cambio, pero los legisladores no se desanimaron. En octubre de ese año, el organismo reformó su legislación de gobierno para lograr el mismo fin pero con un lenguaje más fuerte que proporcionara inmunidad a los miembros del Congreso frente al enjuiciamiento.

Esta misma reforma también restableció fondos discrecionales para que los miembros del Congreso invirtieran en desarrollo social en sus departamentos de origen. Esta fue la fuente de corrupción en el caso de la Red de Diputados.

El Congreso también aprobó una reforma al código penal que estableció una clasificación legal diferente para la corrupción en la administración pública, redujo las penas por estos delitos y redujo los castigos retroactivos. Las organizaciones de la sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción(CNA) rechazaron estas reformas al “código penal de impunidad”.

Para concluir, en 2019 un comité del Congreso
encargado de evaluar a la MACCIH recomendó que el acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) no se renovara, conclusión respaldada por una mayoría en el Congreso y en última instancia apoyada por la administración de Juan Orlando Hernández.

Todas estas acciones legislativas ocurrieron entre octubre y diciembre del 2019 y contaron con el apoyo de toda la bancada del Partido Nacional y la mayoría de la bancada tradicional del Partido Liberal. Todo se hizo a pesar de la objeción de la MACCIH , Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil y sin apoyo popular.

Un informe periodístico dice lo siguiente: “en menos de 60 días, el Congreso Nacional ha demostrado en cuatro ocasiones que independientemente del costo, busca proteger a ciertos sectores, incluidos los políticos, vinculados a actos de corrupción.”

En resumen, en Honduras los zorros se han apoderado del gallinero. El Congreso no solo no es una herramienta para la rendición de cuentas, es fundamentalmente el problema central de la corrupción de Honduras.

1 comentario sobre «Wilson Center: «el Congreso es el problema central de la corrupción en Honduras»»

  1. De que nos sirve a los ciudadanos que todo esto trascienda si la misma embajada americana lo sabe,y con su silencio a sido un cómplice tácito del sufrimiento en el cual esta inmerso mi pueblo!! SOS!! HELP!!

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